Tras varios incidentes violentos que incluyen el asesinato de dos mujeres, las autoridades estatales y municipales de Manatí exploran alternativas para hacer frente al aumento en crímenes violentos que, durante las pasadas semanas, ha registrado el municipio.

La serie de casos criminales recientes reportados en Manatí comenzó con el hallazgo del cuerpo de Ivette Joan Meléndez Vega cerca de la playa Los Tubos, el pasado 21 de abril.

El imputado en este caso es un exconvicto asesino liberado en abril de 2023, en amparo de la Ley 25 de 1992, tras servir casi 20 años de prisión de una cadena perpetua por el asesinato de otra mujer en 2005.

Una semana después, la Policía reportó el asesinato de Virjean Pérez Arroyo, de 27 años, en el barrio Cantito. La mujer figuraba como una persona de interés en el asesinato de un hombre de 65 años, identificado como Víctor Manuel Cruz Mercado, quien también fue baleado en ese mismo barrio.

En la noche del lunes, la Policía también reportó un caso de “carjacking” que se suscitó cerca del puente San José y en el que la víctima resultó herida de bala en la pierna luego de que los asaltantes no pudiesen llevarse el vehículo.

El inspector Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Arecibo, explicó que, al momento, los casos están bajo investigación y mencionó que, como parte de la pesquisa, se busca dilucidar si el alza en la criminalidad se debe a alguna organización criminal.

“Eso es parte de la investigación que estamos llevando. Si existen gangas (u) organizaciones como tal no tenemos nombres, pero sí entendemos que tiene que ver con el trasiego de drogas muchos de ellos”, informó el inspector Vélez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El inspector reveló que la Uniformada mantiene unidades tácticas patrullando la región policíaca de Arecibo, específicamente en los municipios de Manatí, Morovis y Barceloneta, que, recientemente, son los que han registrado mayor actividad criminal.

Por su parte, el alcalde de Manatí, José Sánchez González, aseguró que los agentes de la Policía Municipal de ese pueblo trabajan de la mano de los agentes estatales para implementar un plan de trabajo en contra de la criminalidad en el municipio.

“Muchos de estos asesinatos han sido por acecho y es bien difícil tu determinar la hora o el sitio donde va a ocurrir si es por acecho. Eso ocurre no solamente en Manatí sino en todo Puerto Rico… Nuestro plan es seguir con nuestro plan de trabajo y las rondas preventivas, atendiendo todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestro pueblo en conjunto con la Policía estatal”, expresó Sánchez González.

A preguntas de este medio sobre si estos casos guardaban relación con la reconocida ganga criminal “Hasta los Marcians” que operaba desde el residencial Enrique Zorilla, el mandatario municipal no pudo precisar, pero aseguró que “se le ha dado duro tanto la policía estatal, como los federales y municipales con todo lo que tiene que ver con la criminalidad en nuestro pueblo”.

“(No se puede) Indicar si hay alguna ganga criminal o algo. Hay unas cuestiones de estrategia que trabaja la Policía. No puedo dar información referente a cuestiones particulares que esté trabajando la Policía, pero puedo garantizar que está trabajando duro… Ahora mismo frente a los residenciales hay Policía destacada permanentemente, y en la fase municipal hay policías municipales trabajando en rondas preventivas las 24 horas”, afirmó Sánchez González.

La organización criminal “Hasta los Marcians” fue desmantelada en el 2023 luego de un operativo federal en el que se capturó a los 42 integrantes.

Aunque, para los efectos de la Uniformada, el feminicidio de Meléndez Vega se esclareció y se le radicaron cargos a Hermes Ávila Vázquez, son muchas las preguntas que quedan sin responder sobre cómo este individuo se encontraba en libertad pese a una convicción de 116 años de cárcel por un caso criminal que se remonta a 2005, por el que se le encontró culpable de violar y asesinar a otra mujer.

A estos efectos, la representante legal de la familia de Meléndez Vega, Mayra López Mulero, aseguró que estaría llevando a cabo una investigación privada para “revelar la verdad”.

“No voy a descansar en las investigaciones anunciadas por la institución (del Departamento de) Corrección porque evidentemente para mí es difícil de entender que ante un escandaloso hallazgo como el que hemos tenido, que la señora Ana Escobar sea juez y parte”, explicó López Mulero en entrevista con El Nuevo Día.

Ávila Vázquez fue puesto en libertad en 2023, luego de que se amparara de la Ley 25-1992 lo cual le otorgó un pase extendido a la libre comunidad por condición de salud, específicamente paraplejia.

El hombre intentó beneficiarse de esa ley en 2015, pero en ese entonces se le denegó la petición “al considerar que su caso no era meritorio”, según consta de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En ese momento, el DCR expuso que la movilidad del recurrente no era limitante, que podía participar en actividades del diario vivir y se encontraba estable en sus condiciones. Indicó, además, que la prognosis de vida del convicto era mayor de seis meses.

“La secretaria Ana Escobar, con sus expresiones, ha demostrado su intención de distanciarse de su responsabilidad. Ante este suceso, tengo que ser muy suspicaz a cada acción que ella ordene o haga directa o indirectamente… Ella no se puede investigar a sí misma”, sentenció López Mulero.

Ávila Vázquez recibió el beneficio de la Ley 25-1992 luego de que la empresa privada Physician Correctional, encargada de brindar los servicios de salud a la población penal, determinara que el hombre sufrió un evento que le ocasionó daños físicos que le otorgaban una incapacidad total.

La secretaria de Corrección, Ana Escobar, ordenó una investigación en torno a la orden de excarcelación del convicto luego de que este fuese arrestado nuevamente por la Policía tras el feminicidio.

“El Departamento de Corrección y Rehabilitación se ha comprometido con trabajar con agilidad y transparencia la investigación en torno a la excarcelación del confinado Hermes Ávila Velázquez. La misma se hará pública una vez sea referida al Departamento de Justicia para el trámite correspondiente”, expresó Escobar mediante declaraciones escritas enviadas a este medio.

“La investigación paralela de la licenciada Mayra López Mulero no afectará el trabajo de la agencia. La licenciada López Mulero, quien se ha presentado como representante legal de la familia, deberá seguir los procesos conforme a la Ley de pleitos contra el estado. Continuaremos enfocados en continuar trabajando la pureza de la investigación y la agenda de trabajo de la agencia”, añadieron, tras conocer sobre las expresiones de la abogada.