La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, reconoció este viernes que la agencia falló al no establecer criterios específicos para identificar una “condición fisiológica limitante” que permita la liberación de convictos al amparo de la Ley 25 de 1992, y admitió la ausencia de un médico especialista en el panel que evaluó a Hermes Ávila Vázquez, imputado –tras ser excarcelado en virtud del estatuto– del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, en Manatí.

“Reconozco y acepto que se produjo un fallo significativo en nuestro sistema, especialmente, en la evaluación médica, que permitió que una persona manipulara una alegada condición de salud para obtener beneficios indebidos. Este error tuvo consecuencias devastadoras”, manifestó la secretaria, en una vista pública del Senado, a la que compareció por orden del tribunal.

En un aparte con la prensa luego de la audiencia, Escobar Pabón reveló, además, que, a base de testimonios recibidos en la agencia, la mujer que brindó su hogar para que Ávila Vázquez cumpliera con los requisitos para salir de la cárcel fue una amiga de la enfermera del DCR con la cual el confinado mantenía una “relación íntima” y que aún no ha sido identificada públicamente.

“(La enfermera del DCR) no es la misma persona que ofreció su hogar para recibirlo. Es amiga de ella, de la enfermera. Tomaremos este asunto con la seriedad que amerita para trabajar el proceso de decisión disciplinaria, comenzando el proceso de destitución”, puntualizó.

Insistió en que la relación entre la enfermera y Ávila Vázquez es “un asunto prohibido dentro de los empleados del DCR y mucho menos si se han conocido dentro del sistema correccional”. Tampoco descartó que la enfermera haya sido cómplice del convicto para burlar a las autoridades.

Escobar Pabón se presentó ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico para rendir cuentas sobre las gestiones relacionadas con la excarcelación, en 2023, de Ávila Vázquez, quien fue diagnosticado con “paraplejia, síndrome degenerativo cervical severo, vejiga neurogénica y asma bronquial” por varios médicos, tanto de la compañía Physician Correctional como de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en prisión.

Ambas comisiones investigan la liberación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25, a través de la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con sida o alguna enfermedad terminal con prognosis de seis meses. Según la secretaria, tras la aprobación del Plan de Reorganización del DCR, en 2011, se incluyeron “condiciones fisiológicas limitantes” en el estatuto.

“(Esta ley) permite y establece que el secretario podrá delegar en cualquier otro funcionario la salida (firma) de los miembros de la población correccional en estos programas”, destacó.

Escobar Pabón confirmó que la directora del Programa de Desvío del DCR, Celia Cosme –con experiencia en la agencia desde 1991–, fue quien firmó la orden de excarcelación de Ávila Vázquez. Indicó que Cosme fue autorizada a dirigir el referido programa por la jefatura de la agencia, el 2 de agosto de 2019, según consta en una carta oficial a la que hizo alusión. En ese entonces, la secretaría la ocupaba Erik Rolón.

Pese a que Escobar Pabón no lo nombró en la vista, Rolón comentó después, por escrito, que no enmendó ningún reglamento relacionado con los pases por condiciones de salud.

Una auditoría de la firma UTI Corp. –iniciada luego del feminicidio de Meléndez Vega a petición del DCR– reveló que no se halló “información que sustente ese diagnóstico del confinado”, compartió Escobar Pabón en la vista. El análisis aún continúa, y sus hallazgos preliminares fueron sometidos, junto a otros documentos, al Departamento de Justicia como parte de la investigación que realizan sobre el caso.

Para el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot, las supuestas condiciones de Ávila Vázquez no eran limitantes. “Nadie necesariamente se muere por el síndrome degenerativo de las cervicales. Ni siquiera es el nombre de una enfermedad”, señaló el senador independiente y salubrista.

“Hemos encontrado que el proceso de investigación (luego de una excarcelación al amparo de la Ley 25) tiene que ser uno más incisivo, riguroso y continuo. Dentro de ese plan de visitas, debe incluir no solamente la opinión de los familiares cercanos o vecinos que están en el área, sino también cualquier evaluación médica adicional”, abundó, en tanto, la secretaria, al aceptar que hubo también discrepancias en las visitas de supervisión por parte del personal del Negociado de Comunidad del DCR.

El jueves, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, le ordenó a Escobar Pabón comparecer, so pena de desacato, ante las comisiones senatoriales. También, dispuso que sometiera la información que había sido requerida por el Senado, que incluye, según un recurso judicial presentado por el presidente José Luis Dalmau Santiago, copia certificada de los reglamentos, órdenes administrativas, cartas circulares o directrices emitidas por el DCR relacionadas con la Ley 25. Igualmente, le solicitó un organigrama de la agencia y un “narrativo” de las personas que han sido egresadas bajo el estatuto.

El presidente del Senado recurrió a la vía judicial, el miércoles, luego que Escobar Pabón incumpliera con dos citaciones a una vista de ese cuerpo legislativo ese día.

En la audiencia, Escobar Pabón también contó que, previo a la excarcelación, el esposo de Celia López García, víctima de 28 años a quien Ávila Vázquez asesinó en 2005, solo fue notificado por el DCR mediante carta. Por este caso, Ávila Vázquez fue sentenciado a 122 años de prisión, de los cuales cumplió 18.

“No se consiguieron (a los familiares). La información que tenemos es que se notificaron mediante cartas”, dijo la secretaria, quien aseguró que están implantando medidas correctivas para entrevistar a víctimas y perjudicados previo a autorizar la salida de convictos mediante el Programa de Pase Extendido por Condición de Salud.

Indicó, de paso, que dicho programa tiene 21 confinados activos, a los cuales se les colocó un grillete electrónico y están bajo “lockdown”.

“Contamos con una reunión pautada con el secretario de Salud (Carlos Mellado) para que nos asesore profesionalmente sobre cómo mejorar los aspectos médicos del proceso evaluativo en este tipo de casos”, agregó.