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Ana Escobar incumple con dos citaciones del Senado y se aferra a su puesto como secretaria de Corrección

La titular de la agencia, que está bajo la mirilla de la Asamblea Legislativa, aseguró que compartirá con senadores y representantes la información para clarificar las dudas que rodean la liberación del convicto Hermes Ávila

8 de mayo de 2024 - 12:19 PM

Escobar Pabón indicó, en una misiva enviada al Senado, que no podría asistir a la vista pública debido “al corto tiempo de notificación”. Fue convocada para el lunes. (Carlos Giusti/Staff)

Luego de incumplir este miércoles con dos citaciones so pena de desacato, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, cuyo desempeño está bajo la mirilla de la Asamblea Legislativa, volvió a aferrarse a su puesto, al tiempo que aseguró que compartirá con los senadores y representantes la información necesaria para clarificar las dudas que rodean la liberación del convicto Hermes Ávila Vázquez.

No voy a renunciar bajo ningún concepto. Aquí estaré y demostraré, nuevamente, como lo he hecho en casos anteriores, que esta servidora no tiene responsabilidad sobre eventos de la naturaleza que se me están imputando sin ni siquiera verificar qué realmente es lo que ha ocurrido aquí”, alegó Escobar Pabón.

Pese a que estuvo en los predios del Capitolio, hasta donde acudió para participar de una vista pública de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, programada para la 1:30 p.m., la secretaria no asistió a la audiencia de las comisiones senatoriales de Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico, a la que había sido citada, el lunes, y a la que sí compareció el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.

Inicialmente, ambos funcionarios habían sido citados para la 9:30 a.m., pero, tras ausentarse, fueron convocados por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, so pena de desacato, para la 1:00 p.m. “Yo tenía una vista ya programada desde el día 2 de mayo”, argumentó Escobar Pabón.

No obstante, en la excusa que envió hoy más temprano al Senado, la titular no mencionó la citación de la Cámara. En su lugar, indicó que no podría asistir a la audiencia debido “al corto tiempo de notificación”. En la misiva, expuso, además, que no entregaría copia de los documentos solicitados por las comisiones legislativas que forman parte del sumario fiscal, ya que el Departamento de Justicia investiga las circunstancias que rodearon la liberación de Ávila Vázquez, concedida, en 2023, al amparo de la Ley 25 de 1992.

A través de la Ley 25, se conceden permisos extendidos a convictos que hayan sido diagnosticados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o alguna enfermedad terminal. Ávila Vázquez, quien enfrenta cargos por el asesinato de Ivette Joan Meléndez, reportado el 22 de abril, en Manatí, logró su excarcelación tras fingir paraplejia.

Durante la audiencia pública, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, alegó que la citación que se le hizo el lunes a Escobar Pabón incumple con la sección 13.7 del Reglamento del Senado, que dispone que toda vista debe ser anunciada, al menos, dos días antes. “Me parece improcedente que se le esté citando a la secretaria obviando por completo el Reglamento del Senado de Puerto Rico”, señaló.

“El único incumplimiento relevante, en este momento, es el incumplimiento del Departamento de Corrección con el reglamento 7818 del 2010, que, por no cumplirse efectivamente, dio paso a la muerte de una mujer inocente. Ese es el incumplimiento que hoy deberíamos estar hablando y estamos hablando en esta vista pública”, señaló, en tanto, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Sobre una carta de 2022 –que también trascendió este miércoles– en la que se le denegaba a Ávila Vázquez la solicitud de excarcelación por no contar con un recurso familiar que lo acogiera en la libre comunidad, Escobar Pabón dijo que la misiva no está firmada por ella. “No he visto ninguna carta donde yo esté denegando la participación o inclusión de este caso en algún programa”, sostuvo.

La referida carta se dio en respuesta a una primera, enviada por Ávila Vázquez a La Fortaleza, expresando su interés de participar del beneficio dispuesto en la Ley 25 de 1992. “Esa contestación, en algún momento, de yo haberla hecho, la tendría que revisar, porque yo no tengo la carpeta (del expediente) conmigo”, expuso la secretaria, al insistir que ella no autorizó la salida del convicto.

Oficialmente citada

Aprovechando su comparecencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara, personal del cuerpo diligenció la citación de Pabón Escobar para que comparezca a un proceso de interpelación, a llevarse a cabo este próximo martes, 14 de mayo, a la 1:00 p.m.

“Luego de aprobar la resolución de interpelación en la sesión del martes, hoy diligenciamos la citación personal e indelegable a la titular del DCR, para que responda de manera clara, directa y pública sobre todas las irregularidades cometidas en dicha agencia, y que tenga la oportunidad de aclararlas”, declaró el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

Personal de la Cámara de Representantes diligenció la citación de Ana Pabón Escobar para que comparezca a un proceso de interpelación, a llevarse a cabo este próximo martes, 14 de mayo, a la 1:00 p.m.
Personal de la Cámara de Representantes diligenció la citación de Ana Pabón Escobar para que comparezca a un proceso de interpelación, a llevarse a cabo este próximo martes, 14 de mayo, a la 1:00 p.m. (Suministrada)

Informó, además, que cursó una carta al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en la que le solicita que confirme si Escobar Pabón es sospechosa de delito u objeto de alguna investigación criminal liderada por la dependencia, relacionada directamente o indirectamente con su desempeño.

La interpelación es una herramienta de fiscalización de la Asamblea Legislativa. De este proceso, participan los 51 miembros de la Cámara y todos pueden hacer preguntas.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció la radicación de una petición ante el tribunal para que Escobar, bajo pena de desacato, comparezca a testificar sobre la investigación ordenada por la Resolución del Senado 933.

Dalmau Santiago mencionó que Escobar Pabón no necesita más tiempo para prepararse, ya que según el legislador la funcionaria presume tener el control de la agencia y argumenta poseer más de 30 años de experiencia como empleada de Corrección. “Entonces, según la persona que más experiencia tiene, según ella misma lo ha dicho, que conoce el departamento de la A- Z, que no esté disponible a entregar documentos que deben estar (disponibles)... para mí es totalmente inaceptable”, puntualizó.

Mellado habla ante el Senado

Por su parte, Mellado sostuvo que, tras la determinación del caso Morales Feliciano, el gobierno federal ordenó que los servicios de salud para los confinados y confinadas, incluidos los médicos y de salud mental, sean brindados por el DCR. Recordó que, entonces, el fenecido secretario de Salud, el doctor Johnny Rullán, apeló sin éxito esa determinación.

Asimismo, recordó que existe una orden ejecutiva, firmada por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, en 2005, que autorizó transferir el programa de salud correccional de Salud al DCR. Mientras, de otra parte, está el reglamento 7818, de 2010, donde la dependencia pública dispone cómo se manejan los casos de egreso de confinados bajo la Ley 25 de 1992.

“Nosotros, más allá de lo que advenimos en conocimiento, de un hecho que es totalmente lamentable…, no tenemos injerencia ni sabemos cómo fue que se confeccionó este comité evaluador”, estableció, en referencia el panel de médicos que tiene la responsabilidad de evaluar clínicamente a los peticionarios bajo la normativa vigente.

A la vista pública, también había sido citado Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, la empresa encargada de los servicios de salud a la población penal. La compañía solicitó un término de 10 días para cumplir con los requerimientos de ambas comisiones, pero el presidente del Senado le concedió cinco.

La vista surge luego de que fuera sometida la Resolución del Senado 933, que ordena a las comisiones legislativas investigar el manejo administrativo de las excarcelaciones de reos, al amparo de la Ley 25 de 1992, y la cantidad de pases otorgados desde la vigencia del estatuto, así como el cumplimiento –por parte del panel médico– de las disposiciones dispuestas para conceder el beneficio.

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