Washington D.C. - El gobernador Pedro Pierluisi dio un nuevo voto de confianza a la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, en medio de la controversia por la liberación de Hermes Ávila Vázquez, imputado del asesinato de Ivette Joan Meléndez, en Manatí, después de haber fingido paraplejia para lograr su excarcelación.

“Sin duda alguna”, dijo Pierluisi, al ser preguntado, el martes, sobre si mantenía su respaldo a Escobar, pese a las críticas a la funcionaria tras la salida de la cárcel, hace un año, de Ávila Vázquez, quien había sido sentenciado a 122 años de cárcel por otro feminicidio ocurrido en 2005.

Aunque es la jefa, Escobar insiste en que la decisión de liberar a Ávila Vázquez fue tomada por una división de su agencia. Además, inició una investigación administrativa sobre el asunto, que involucra a funcionarios de la dependencia, médicos y la empresa Physician Correctional, que está a cargo de los servicios médicos a la población penal.

“No se debe estar juzgando por una situación en particular muy desafortunada, pero es una. Eso es un caso en particular, que ahora está bajo investigación y que no tiene absolutamente nada que ver con su desempeño como secretaria”, dijo Pierluisi.

La excarcelación de Ávila Vázquez, quien tenía un largo historial criminal, incluido asesinato en primer grado, agresión agravada y actos lascivos, se fundamentó en la Ley 25 de 1992; un estatuto aprobado para permitir la liberación de personas que padecen de sida u otras enfermedades terminales y les queda poco tiempo de vida.

Aunque los familiares de Meléndez han reclamado una investigación independiente, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, indicó que aguardará por la investigación administrativa antes de iniciar su propia pesquisa, lo que también ha levantado críticas.

Por otro lado, el exsenador Carlos Díaz Sánchez, quien busca regresar al Senado en representación del Partido Popular Democrático (PPD) y antes militó en el Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó que la salida de todo confinado al amparo de la Ley 25 de 1992 debe ser autorizada por el secretario o secretaria de Corrección y Rehabilitación, sin posibilidad de delegación.

“Es muy importante que la secretaria del Corrección haga público el documento que autorizó la salida, porque la ley no permite que sea un subalterno”, señaló Díaz Sánchez, en momentos en que la controversia ha alcanzado, también, el debate entre las campañas primaristas de Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien reta al gobernador por la candidatura del PNP a La Fortaleza.