Enrique Vázquez Quintana

Tribuna Invitada

Por Enrique Vázquez Quintana
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Se cierra el círculo del Estado de Excepción

Pocos conocen qué es un Estado de Excepción. Hasta los juristas mantienen silencio al respecto. El desconocimiento los incapacita para educar a la ciudadanía sobre un asunto tan importante que afecta a nuestro país y otros territorios de Estados Unidos. Las democracias, contrario a las dictaduras, se fundaron basadas en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La de Estados Unidos, particularmente, se enorgullece de utilizar la separación de poderes, supuestamente para proteger los derechos ciudadanos e impedir que surja una dictadura ejecutiva. Pero la separación de poderes no ha eliminado el Estado de Excepción en Puerto Rico.

Ese concepto fue desarrollado por el alemán Carl Schmitt. Se define como una condición especial en la que el orden jurídico es suspendido debido a una emergencia o una crisis. En esa situación, el soberano, por ejemplo, el poder ejecutivo, prevalece sobre los otros poderes, y el Estado puede violar las normas y leyes de un gobierno democrático. Durante una guerra o estado de sitio quedan suspendidas todas las garantías constitucionales.

A raíz del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, Artículo IX, el Congreso norteamericano tiene poderes plenarios sobre el territorio de Puerto Rico.

En 1899, Abbott Lawrence Lowell, abogado de la Universidad de Harvard, propuso en “The Status of Our New Possessions”, publicado en la Harvard Law Review, una tercera opción: territorio no-incorporado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en el primer caso insular, Downes v Bidwell de 1901, que Puerto Rico era un territorio no incorporado y que, “Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos”. En ese caso, la separación de poderes resultó en una falacia, los poderes se fusionaron en lo que se conoce como Estado de Excepción.

La Corte Suprema federal, el Congreso y el presidente se unieron para permitir que Estados Unidos se convirtiera en un imperio con colonias adquiridas como resultado de la Guerra Hispanoamericana. Los Casos Insulares subsiguientes, hasta el número 23 de 1922, violan la Constitución de Estados Unidos.

En 1820, el juez John Marshall, en Loughborough vs Blake, decidió que la Constitución norteamericana se aplicaba a todo Estados Unidos, incluidos el Distrito de Columbia y los territorios. En 1856, 36 años más tarde, el juez Roger R. Taney, en Dred Scott vs Sanford, dictaminó que el gobierno norteamericano no tiene poder para adquirir territorios y mantenerlos permanentemente como colonias. Las decisiones en los Casos Insulares se tomaron en abierta violación a los fallos en los casos de 1820 y 1856, y colocaron la Constitución norteamericana al servicio del colonialismo. La Constitución norteamericana sigue a la bandera excepto en la colonia de Puerto Rico, donde no se aplica completamente. Desde el primer caso insular, Puerto Rico ha estado sometido a un Estado de Excepción.

Eso no cambió con la Ley Foraker de 1900 ni al otorgarnosla ciudadanía americana en 1917. Más importante aún, en junio de 2016, el Tribunal Supremo federal, en el caso Sánchez Valle vs Estado Libre Asociado concluyó que Puerto Rico es un territorio no incorporado (eufemismo para colonia) sin soberanía. La soberanía la tienen los estados de Estados Unidos y los indios nativos de Norteamérica. Una semana después, el Congreso sometió y el presidente Barack Obama firmó la Ley Promesa para continuar con el Estado de Excepción. Los tres poderes se unen para continuar ejerciendo el poder absoluto sobre Puerto Rico.

Está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de Boston la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Me atrevo anticipar que el Tribunal decidirá en enero de 2019 que el nombramiento de la Junta es constitucional. No se atreverá a retar al ejecutivo y legislativo, y se cerrará el círculo del Estado de Excepción. La separación de poderes se borrará nueva y completamente.

“El estado que posee soberanía puede eliminar el Estado de Excepción”, (Giorgio Agamben). Pero Puerto Rico no tiene soberanía.

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