El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, informó este martes que la solicitud de decreto contributivo que LUMA Energy presentó, al amparo del Código de Incentivos, fue denegada “observando el fiel cumplimiento” del estatuto y “los mejores intereses de Puerto Rico”.

El borrador del decreto, que hubiera concedido a LUMA y sus contratistas exenciones de 75% en el pago de arbitrios por construcción y de 50% en las patentes municipales, fue severamente criticado por alcaldes de ambos partidos y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que plantearon que se trataba de beneficios que la Autoridad de Energía Eléctrica no disfrutaba cuando operaba la red.

“Observando el fiel cumplimiento de la Ley 60, los mejores intereses de Puerto Rico y ejerciendo las facultades conferidas en el cargo del secretario del DDEC, notifico que la solicitud de la entidad LUMA fue denegada”, expresó Cidre en declaraciones escritas.

“Dicha solicitud fue evaluada acorde las disposiciones establecidas en la Ley 60, en cumplimiento con el debido proceso de ley, tal y como ocurre con las miles de solicitudes de decretos que anualmente recibimos en el DDEC”, añadió.

Por su parte, LUMA señaló que, a raíz de la determinación, “todos en Puerto Rico deberíamos estar preocupados por el impacto que esto tendrá en la transformación eléctrica y la capacidad de atraer empresas para invertir y crear empleos en Puerto Rico”.

“Como hemos dicho desde el principio, esto no se trata de LUMA, ya que LUMA paga todos los impuestos aplicables y exigimos a nuestros contratistas que paguen sus impuestos; se trata de equidad y de garantizar que podamos lograr nuestro objetivo compartido de construir un mejor futuro energético que beneficie a todos los municipios y a todo Puerto Rico”, insistió el operador de la red.

“Dentro del proceso evaluativo, las agencias y municipalidades concernientes fueron consultadas, en aras de recibir sus comentarios, según provisto por la Ley 60 (Código de Incentivos). Sobre ello, precisamos que todas las agencias y municipalidades les notificaron al DDEC sus posturas sobre la solicitud”, sostuvo Cidre, quien no abundó en el comunicado sobre las razones para rechazar la petición de LUMA.

El DDEC había concedido a los alcaldes hasta el 12 de mayo para presentar sus posturas en torno a la solicitud.

La semana pasada, tras las críticas de ejecutivos municipales, el gobernador Pedro Pierluisi se había expresado en contra de la aprobación del decreto, aunque aclaró que sería una determinación del DDEC.

“Era la determinación que correspondía, tal como se lo expresamos a Cidre por carta, y al gobernador Pierluisi en nuestra conferencia de prensa de ayer, lunes. Los alcaldes asociados estuvimos, estamos y estaremos firmemente de parte del pueblo trabajador, de los comerciantes e industriales que generan empleos y que requieren un servicio energético eficiente y justo”, sostuvo, de otro lado, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

En medio de la discusión pública, el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, afirmó a este diario que los contratistas y subcontratistas de LUMA no habían pagado arbitrios y patentes desde la entrada del operador en 2021.

La empresa aseguró, sin embargo, que exigía de sus contratistas y subcontratistas el cumplimiento con las disposiciones contributivas y que su objetivo con la petición de decreto era alinear las políticas aplicables con el modelo de contribución en lugar de impuestos, que exime a ayuntamientos del pago por consumo de luz.

Si bien el CRIM ni los municipios han presentado estimados concretos de las pérdidas que hubieran supuesto las exenciones que contenía el borrador de decreto, un memorando de la Federación de Alcaldes –que agrupa a ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista– estimó que, conforme a su contrato, LUMA mantiene un “volumen anual de negocios” de $604 millones.

La privatizadora solicitó el decreto a la luz de las secciones 2071 y 2072 del Código de Incentivos, aplicables a negocios que se dedican “a la producción o venta de energía verde a escala comercial para consumo”, y que también incluyen una tasa de contribución sobre ingresos de 4% y exoneración de 75% sobre la propiedad mueble e inmueble.