La defensa del exproductor televisivo Sixto “George” Díaz Colón presentó su informe en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para tratar de revertir el veredicto de culpabilidad en su contra por alegada extorsión.

Su abogado, Rafael Castro Lang, señaló que la Fiscalía federal “falló en probar más allá de duda razonable todos los elementos de los tres cargos radicados”.

También planteó que el juez federal de distrito, Francisco Besosa, cometió “errores” al no acoger las mociones absolución.

Entre otros argumentos, sobre el alegado intento de extorsión, Castro Lang señaló que se basó en un mensaje de texto enviado el 20 de junio de 2019 por su cliente al entonces secretario de asuntos público de la Fortaleza, Anthony Maceira.

Sostuvo que el propósito del mensaje era informarle a la administración del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, que Raúl “Raulie” Maldonado Nieves tenía mensajes que podían causarles daños serios si continuaban “hostigando” a su padre, Raúl Maldonado Gautier, quien era secretario de Hacienda.

“El texto contenía una advertencia de que deberían hacer algo al respecto para evitar que los chats se hagan públicos”, sostuvo el abogado.

Agregó que, “contrario al argumento del Ministerio Público, el texto no era una amenaza de extorsión, sino más bien un discurso políticamente protegido bajo la Primera Enmienda. Dicho texto no aportaba fundamento alguno para sustentar un ‘intento’ de extorsión de $300,000″.

Sostuvo que fue Maceira quien luego solicitó reunirse con Díaz en un restaurante y que “grabó ilegalmente la conversación que refleja que Díaz Colón le dejó saber a Maceira que él nunca pretendió amenazarlo, disculpándose si de alguna manera se sintió así”.

Relató que en la segunda reunión con Maceira, quien ya estaba grabando la conversación como informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Díaz Colón le dijo al funcionario que Raulie solicitó que Maceira le pagara $300,000 “para evitar que los chats fueran publicados”.

“Para ese tiempo los chats ya habían sido publicados”, agregó Castro Lang, quien añadió que “no quedaba ningún quid pro quo para cumplir con la petición de extorsión de Raulie. El daño ya se había producido y casi todo el gabinete de Rosselló ya había renunciado”.

“No hubo evidencia de que Díaz Colón actuara sobre dichas conversaciones ni llevara a cabo un ‘paso sustancial’ o un acto abierto para cometer un intento o que completara una complicidad e instigación”, abundó.

Sobre el cargo de uso de las comunicaciones interestatales, el abogado indicó que la evidencia presentada no fue suficiente, ya que ninguno aludía a la supuesta solicitud de $300,000.

Asimismo, argumentó que no procede el cargo de obstrucción a la justicia asegurando que nunca se identificaron cuáles fueron mensajes borrados, que su contenido fuera relevante a la investigación o que fueran eliminados con la intención de interferir con la pesquisa.

Castro Lang también alegó conducta antiética de parte del Ministerio Público, que el Tribunal de Distrito “abusó de su discreción” cuando no le permitió cuestionar ciertos asuntos a Maceira durante su testimonio afectando el derecho a la confrontación y errores en las instrucciones al jurado.

“La condena de Díaz Colón debe anularse en todos los cargos porque las pruebas no establecieron todos los elementos que requerían más allá de una duda razonable, y su condena se obtuvo con una mala conducta gubernamental, grave en todas las fases del caso, o como alternativa se debe devolver el caso para un nuevo juicio ante un juez del Tribunal de Distrito diferente”, concluyó Castro Lang.

Tras ser encontrado culpable por un jurado federal, Díaz Colón fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión.