Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Puerto Rico: una historia de regímenes de excepción

Edgardo Rodríguez Juliá nos brindó en El Nuevo Día del 8 de septiembre un brillante ensayo sobre la crisis, concluyendo que Puerto Rico ha sido “demolido por la corrupción y mediocridad de una clase dirigente irresponsable”.

Tendríamos que añadir, que todo análisis de la crisis debe considerar que Puerto Rico ha sido, con pocas excepciones, gobernado por regímenes legales de “excepción” bajo cinco siglos de administraciones españolas y norteamericanas.

La frase “gobierno por excepción”, podría remontarse a la exclusión por el gobierno español de la aplicación de la Constitución de 1837 a Cuba y Puerto Rico, que reestablecía parte de las libertades consignadas en la Constitución de 1812 española.

Desde entonces, el gobierno peninsular decidió que las provincias de Ultramar no serían parte integral de la monarquía debido a las necesidades especiales de sus habitantes, sino que serían gobernadas por “leyes especiales”, promesa de legislación nunca cumplida.

La frustración de los criollos por la promesa incumplida de leyes especiales y la expulsión de sus representantes a las Cortes, pudo ser una de las causas de las dos guerras de independencia en Cuba y del “Grito de Lares” en Puerto Rico, en 1868.

El historiador Jesús Raúl Navarro García llama “la encrucijada de 1836” cuando la “transición liberal” decide tratar a las restantes colonias indianas de forma retrograda en términos constitucionales, quizás por razones económicas (extensión del régimen de la esclavitud) y de seguridad (guerras de independencia).

Por su parte, el expresidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, explica que los oficiales reales en Ultramar concebían un “patriótico deber” regir con “mano dura” las colonias, aunque el cambio político peninsular resultaba en gobiernos liberales españoles.

De hecho, la decisión final entre los polos de independencia o asimilación se pudo frenar, al imponerse este régimen de indefinición y excepción que duró por casi todo el siglo, hasta que los beneficios del sistema esclavista se esfumaron.

El excepcionalísimo, unido al sistema económico esclavista, fue una fórmula “cómoda” para peninsulares y criollos, quienes venían sufriendo desde principios del siglo decimonónico de los péndulos políticos peninsulares, inseguridad de las guerras en América, la cancelación del “situado”, el desvalor de la moneda macuquina y la epidemia de cólera morbo, que cobró 30,000 vidas.

Además, durante gran parte del siglo XIX, Puerto Rico estuvo administrado por capitanes generales de “capa y espada” con facultades “omnímodas” para tomar decisiones sobre los habitantes, como si el territorio estuviera en estado sitiado.

Actualmente, la Isla navega por una crisis bajo otro régimen de gobernanza por “excepción”, esta vez tratándose de una Junta de Supervisión impuesta por el poder metropolitano que sustituye el régimen seudo-democrático que regía en Puerto Rico antes de aprobarse la Ley Promesa.

Las autoridades metropolitanas en Washington, igual que la administración española, tratan de legitimar la fórmula autoritaria, a base de la crisis fiscal creada por la irresponsabilidad e incapacidad de los nativos para autogobernarse. Además, la falta de capital para cumplir con la deuda de los bonistas se utiliza para justificar la imposición de una fórmula de dependencia bajo la Ley Promesa.

Igual que la exclusión constitucional española de 1837, los habitantes de la Isla están parcialmente excluidos de la protección constitucional norteamericana, excepto por derechos fundamentales y partes que aplican de forma ad hoc y por excepción, según el dogma judicial de los casos insulares.

La Junta de Supervisión Fiscal, parecido al gobernador-capitán general, tiene facultades delegadas por la autoridad suprema central para supervisar la administración criolla, como si la isla estuviese en peligro eminente.

Sin embargo, hasta tanto un tribunal apelativo o el Congreso no decida lo contrario, la Junta continuará ejerciendo poderes “especiales” para dirigir las finanzas y políticas públicas, por medio de la autoformulación de planes fiscales y presupuestos, y por el poder unilateral de controlar el gasto público.

Aunque parezca simplista, la historia nos enseña que la soberanía y la gobernanza propia no se conseguirá, hasta tanto la Isla se independice fiscalmente.

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