La reforma que transformó nuestro sistema de salud en 1993 puso en manos privadas los recursos que tenía el estado para proveer servicios a la población médico indigente. Veinticinco años más tarde, lejos de mejorar la salud de los puertorriqueños, su resultado ha sido la desarticulación de las facilidades públicas y un alza dramática en el gasto gubernamental. A este panorama sombrío se suma la Junta de Control Fiscal (JCF) que plantea continuar menoscabando los ya escasos recursos disponibles para atender las necesidades del pueblo y para educar los profesionales de salud necesarios para proveer servicios. Como un modelo de resiliencia, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR) ha mantenido la acreditación de todos sus programas académicos utilizando las instituciones públicas de salud como talleres docentes. Igualmente ha continuado proveyendo servicios clínicos, gracias a la labor de la facultad y residentes que viven inmersos en el Centro Médico dando cara a los pacientes que acuden a buscar servicios, muchas veces sin el apoyo administrativo y sin recibir el pago de las compañías aseguradoras a quienes el gobierno les entregó los recursos del estado.