Según el experto, el crédito por trabajo podría servir como disuasivo a la emigración ya que, para trabajadores de bajos ingresos, la única diferencia de peso entre quedarse o irse a los Estados Unidos podría ser que en un estado tendrían acceso a dicho b (semisquare-x3)
Según el experto, el crédito por trabajo podría servir como disuasivo a la emigración ya que, para trabajadores de bajos ingresos, la única diferencia de peso entre quedarse o irse a los Estados Unidos podría ser que en un estado tendrían acceso a dicho b

Aunque suene demasiado bueno para ser verdad, el crédito por trabajo (CT) por sí solo ha probado ser una herramienta poderosa para reducir males sociales como la deserción escolar y la pobreza infantil, a un costo que el erario recupera en mayor participación laboral y más recaudos futuros.

Así lo afirmó Nicholas Johnson, vicepresidente senior del Center on Budget and Policy Prioritites (CBPP), un instituto de investigación y política pública con sede en Washington D.C.

“Los resultados de las investigaciones son contundentes”, afirmó el experto en entrevista con Negocios durante su visita a la isla como colaborador de la organización local Espacios Abiertos (EA). “Resulta que el CT sí resuelve un gran número de problemas. Aborda el asunto de la economía formal, de combatir la pobreza, de obtener mejores resultados en los niños, de la justicia social y, muy en particular, de la equidad contributiva”, enumeró.

Por ello, Johnson abogó por la implementación urgente de un CT en Puerto Rico, sin usar la crisis fiscal como excusa. Más aún, mencionó que el CT podría servir como disuasivo a que residentes se muden a los Estados Unidos dado que, para trabajadores de bajos ingresos, la única diferencia de peso entre quedarse o irse a Florida podría ser que en ese estado tendrían acceso al reembolso federal por trabajo y aquí no.

“¿Por qué estas familias tienen que esperar más, cuando se sigue otorgando una amplia gama de incentivos y créditos contributivos a otros? Hay que implementar el CT ahora”, insistió. “Estas familias no son las que están contratando a los grandes bufetes y a los cabilderos”.

El experto explicó que el CT ha probado tener efectos inmediatos porque las familias usan el incentivo para arreglos y compra de servicios. “Hay beneficios a nivel comunitario que, multiplicados por miles, tienen un efecto medible en la economía”, expuso sobre el reembolso que en Puerto Rico podría alcanzar los $2,000 anuales por domicilio. De ahí, se van acumulando los beneficios a mediano y largo plazo. “Un niño de intermedia, digamos de octavo grado, está muy vulnerable”, dio como ejemplo. Indicó que los datos han demostrado que, si su familia tuvo más estabilidad financiera porque los adultos tuvieron el incentivo de mantenerse empleados para recibir el CT, ese factor podría determinar si procurará educación postsecundaria o no”.

“Es cuestión de prioridades. ElCT no es algo extra, es algo vital”, finalizó Johnson, quien se sumó a EA en los esfuerzos de crear conciencia sobre el impacto del CT, que aquí se derogó en 2014. Actualmente, el CT es parte del proyecto de la Cámara 1544 que agrupa múltiples componentes de la reforma contributiva. Además, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó claro la semana pasada que la nueva versión de plan fiscal certificado deberá incluir un CT.

“En esta ronda la propuesta es más robusta, con un costo de cerca de $150 millones por año. Comienza en $450 de beneficio anual hasta $2,000 y cubre a contribuyentes que ganen hasta $42,000, dependiendo de su núcleo familiar”, resumió, por su parte, Cecille Blondet, directora ejecutiva de EA. “Si posponemos la aprobación del CT, estamos posponiendo esos beneficios para la población, para la recuperación”, advirtió.

El CT que se propone en Puerto Rico es una adaptación del Earned Income Tax Credit (EITC) que se puede reclamar en la planilla federal y se recibe como reembolso. Los beneficios de esta política pública han sido tan tangibles que 23 estados y Washington DC han adoptado reembolsos estatales para familias de bajos ingresos, según detalló la economista María Enchautegui en un estudio del tema, que produjo para EA en junio pasado. Según la misma fuente, otros seis estados han implementado créditos que no se reciben en efectivo, pero que se usan para abonar al pago de impuestos estatales.


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